Y estos: ¿qué pintan?

El Universal, 11 de septiembre de 2012

Decía Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, que la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutría de su indiferencia ante la vida. La frase no puede venir más al caso para describir nuestro comportamiento ante las vicisitudes que confrontan las comunidades indígenas de nuestro territorio. A las 150 mil personas que se calcula han fallecido en hechos violentos en el país durante los últimos trece años, han venido a sumarse los casi 80 venezolanos masacrados en la comunidad yanomami de Irotatheri, en el Municipio Alto Orinoco, durante julio del 2012. El genocidio se ha lamentado con la misma aséptica distancia con que usualmente se encara lo relativo a las condiciones de vida de ésta y otras etnias.

La población indígena se estimaba, para el año 2001, en 532.743 personas, lo que constituía un 2,3% de la población total del país. Más de medio millón de venezolanos que confrontan una problemática que pasa inadvertida para muchos compatriotas porque no les afecta directamente.

Nuestra Constitución reconoce el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la población venezolana, y consagra el derecho de cada pueblo indígena a mantener y desarrollar su identidad, cosmovisión y valores. Igualmente, afirma el derecho de los pueblos indígenas a mantener y promover sus prácticas económicas, de acuerdo con sus intereses y necesidades. También garantiza su participación política mediante la representación en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales con población indígena.

Existe, pues, un marco de referencia que sienta las bases para su respetuosa incorporación a los procesos de desarrollo nacional. Pero cabe preguntarse si esas garantías, consagradas en el papel, se traducen en realidades efectivas. Porque aunque nuestra Constitución reconozca los derechos de los indígenas sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, tierras “inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”, se ha permitido que recrudezca la violencia que pretende desplazar a estas comunidades de sus territorios.

El pronunciamiento de las organizaciones indígenas del Estado Amazonas respecto a la masacre de Irotatheri, señala cómo desde el año 2009 se ha venido informando a varios órganos del estado venezolano sobre las agresiones de que han sido objeto las comunidades de Momoi y Hakomawe en la zona del Alto Ocamo, agresiones que contemplan no sólo lesiones a nivel físico, sino también estrategias que suponen un grave deterioro ambiental, como el envenenamiento de las aguas por mercurio.

Los hechos demuestran que la respuesta oficial no ha sido efectiva. Resulta impostergable, a pesar de las dificultades que opone la naturaleza de la zona, diseñar un plan de control y vigilancia que garantice la integridad física de los habitantes del lugar. Que no nos sea indiferente su muerte.

 En cuanto a su vida, se ha procurado superar los escolos que enfrentan estos grupos mediante asesoramiento especializado y acciones educativas como el Proyecto Delta de la UCVl. Sin emabrgo,  el insuficiente manejo del castellano y las precarias condiciones económicas, que dificultan tanto la manutención de los estudiantes como la adquisición de libros y materiales de estudio, entorpecen la formación de recursos humanos provenientes de cada etnia  y destinados a aplicar sus conocimientos en el seno de éstas.

Los conceptos de otredad cultural, alteridad cultural o diversidad cultural, que forman parte de la a veces dudosa herencia que nos ha legado las postmodernidad, deberían ayudar a combatir estructuras que mantienen la desigualdad,  la racialización y la inferiorización de ciertos sectores de nuestra sociedad, y nos deberían  llevar a aceptar una situación de paridad respecto a otros grupos diferentes del nuestro. Entonces tal vez no nos resultarían tan ajenas ni su vida ni su muerte.